miércoles, 11 de agosto de 2010

El Parche en la Herida


Una semana llevan atrapados los 33 mineros en la mina San José, sin siquiera saber si se encuentran con vida. Mientras todas las medidas adoptadas para intentar rescatarlos fracasan, los familiares siguen apostados en las afueras, rezando por ellos con un afán de esperanza.


Aprovechando esto, la noche del sábado, el Presidente Sebastián Piñera, en un tiempo récord de 15 minutos, llegó a Copiapó y dijo ante los medios de prensa que no escatimaría recursos y los rescataría sanos y salvos, para luego ir con las familias a darles una - y literalmente una - palabra de apoyo, con su tradicional “arriba los corazones”. Después de eso, regresó a Santiago contento por haber hecho la buena obra del día. No es por ser criticón, pero si iba a estar sólo 15 minutos, mejor no hubiera ido.


Sin embargo, no es este el tema que me mueve para escribir esta nota, sino el modo que usan los gobernantes para “resolver” los problemas. El día de ayer, Piñera pidió la renuncia de los altos mandos de Sernageomin, por haber sido ellos quienes permitieron la reapertura de la mina, que fuese clausurada el 2007 por una serie de irregularidades y accidentes, dentro de los que se cuentan muertes. Esto, automáticamente nos hace volver a aquel fatídico 27 de febrero, cuando Carmen Fernández y Mariano Rojas le decían a la entonces Presidenta Bachelet que no había peligro de tsunami, mientras en el sur desaparecían las costas de Dichato.


La solución a la desinformación del 27F y la consiguiente muerte de las más de 400 personas, que confiaron en lo que decía Bachelet por la radio y bajaron de los cerros para ser arrastradas por las olas, fue la destitución de la directora de la Onemi y del director del Shoa. ¿Caso cerrado?


En Chile, seguimos acostumbrados a poner el parche después de la herida. No somos capaces, bajo el Gobierno que sea, de prevenir accidentes por más que nos pongan las evidencias frente a nuestros ojos. Hacer sumarios administrativos es una pérdida de tiempo, que no meterá a la cárcel a nadie ni mucho menos devolverá a la vida a quienes fueron víctimas de la irresponsabilidad y la ambición desenfrenada.


A veces pareciera que trabajar en una entidad pública es igual a echarse frente al escritorio, timbrando papeles mientras juegas al solitario en la computadora. Nadie lee los informes, nadie lee los folletos sobre qué hacer en caso de emergencia, y nadie se hace responsable cuando ocurre un error. Y luego nos quejamos de la burocracia, sin saber que aquí los verdaderos cretinos son los que hacen las cosas a la rápida.


¿Qué dirán los niños de La Legua que derrotaron a la selección sub13 del Real Madrid, y que siguen esperando los arreglos y obsequios que les prometió Bachelet para su club deportivo, pero que no aparecen en las nóminas de Chiledeportes? ¿Qué dirán los mapuches que confiaron en Piñera cuando les prometió apertura de diálogo, y que ven a sus hermanos presos a punto de morir en una huelga de hambre a la que el Presidente pareciera hacer oídos sordos? Y más cercano aún, ¿qué dirán las 400 familias cartageninas que siguen esperando las viviendas que el alcalde prometió en su campaña de reelección, y que nunca tendrán porque el proyecto era inviable?


Decepción, desconfianza, frustración. Odio. Lo mismo que siente ahora la gente que perdió un pariente tras el terremoto, y que sienten los familiares de los mineros atrapados. ¿De qué sirve tener ministerios y servicios regionales por montón, si no son capaces de hacer bien SU TRABAJO? Cortar cabezas y poner a gente igual de irresponsable no es la solución, sino que está en evaluar qué y no quien anda mal dentro de la entidad pública y privada, y poner manos a la obra para arreglarlo lo antes posible, de lo contrario, seguiremos viendo gente morir como si nada, por haber confiado en que los sujetos de arriba estaban velando y trabajando por y para ellos. Chile tiene que cambiar.

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